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La sociedad murciana está concienciada y preocupada porque en nuestra Región tenemos un 24% de paro, lideramos el cierre de empresas y se aplican los mayores recortes habidos en el conjunto del país a los trabajadores de la Administración Pública. La ley de medidas extraordinarias camina en sentido inverso al que permitiría remontar la situación actual. Por eso nos estamos movilizando en estos momentos, y es tan necesaria la concurrencia de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, también perjudicada por estas medidas. Y lo estamos haciendo poque nos han quitado la principal herramienta: la participación, el diálogo, la negociación y, en definitiva, la búsqueda del consenso.

Ni fueron furibundas las movilizaciones contra las medidas regresivas del Gobierno de Zapatero ni son furibundas las manifestaciones de los empleados públicos en protesta de una ley inconstitucional con medidas sumamente injustas y desproporcionadas. Las organizaciones sindicales hemos hecho los deberes y no somos correa de transmisión de ningún partido político. Hay personas como usted que critican si hacemos protestas contra Zapatero diciendo que porqué no se las hacemos al PP; y cuando se las hacemos al PP nos reprueban y nos proponen hacérselas a Zapatero.

El Gobierno regional ha estado paralizado en los dos últimos años a la hora de emprender un cambio profundo en el modelo de gestión y en la política fiscal regional. No estamos planteado medidas superficiales, sino estructurales. Por ejemplo, en reducción del gasto farmacéutico, en fiscalidad de las grandes fortunas, recuperando el impuesto de sucesiones, con el objetivo de emplear los fondos en proyectos y políticas que impliquen una transformación profunda del modelo productivo. El ladrillo se ha acabado y el Gobierno no acaba de darse cuenta.

Con carácter general hay una campaña de desprestigio de la clase trabajadora y de los empleados públicos en particular. Propio de una corriente neoliberal agresiva a la que asistimos en los últimos años. El Gobierno regional, además, ha contribuído en diversas ocasiones al fomento de una imagen peyorativa del empleado público, que hemos venido denunciando reiteradamente, y sobre lo que hemos exigido rectificación. La rectificaciones suelen producirse, pero también se sigue insistiendo en esta imagen denostada de los empleados públicos y de los sindicatos que los representan, defienden y protegen.

Esta misma mañana tenemos una reunión con el delegado del Gobierno y entendemos que no se va a modificar el itinerario porque no hay ningún problema mayor de orden público que impida que la manifestación se desarrolle normalmente, como todas las celebradas hasta ahora. El derecho de reunión y manifestación está consagrado constitucionalmente y lo que pretende el Gobierno regional es limitar el libre ejercicio de ese derecho constitucional. Cosa que no podemos aceptar en ningún caso ni las organizaciones sindicales ni tampoco la Delegación del Gobierno.

Creemos que la consejera sabe de sobra que nada tiene que ver la legítima aspiración de los sindicatos de los empleados públicos con este tema de los créditos horarios sindicales. Tan es así que ha rectificado este exceso verbal. Aprovechamos la ocasión nuevamente para pedir mesura en las declaraciones de los miembros del Gobierno regional, porque en el fondo todo esto genera crispación y eleva el clima de tensión.

Yo creo que es bueno no seguir haciendo especulaciones sobre la agresión. Ha sido precisamente la especualación exacerbada sobre esa agresión la que ha llevado al presidente a intentar culpabilizar a una buena parte de la sociedad de dicha agresión. El presidente debería haber actuado con responsabilidad y no haber intentado dividir a los murcianos en dos frentes.

La fuente casi total de las organizaciones sindicales procede de las cuotas de nuestos miles de afiliados. Sólo cuando por delegación ejecutamos actividades de responsabilidad pública, al igual que sucede con otras organizaciones y entidades sociales, percibimos subvenciones de las administraciones. En el tema de la formación, se produce con gran frecuencia una confusión en el sentido de que sólo a las organizaciones sindicales se les critica lo que no se hace, por ejemplo, con las organizaciones empresariales. El dinero que se percibe por esta vía proviene de las cuotas que los asalariados abonan con esta finalidad, solamente ejecutamos una actividad formativa en beneficio de la formación de los trabajadores que pagan ellos mismos y que les beneficia.

El Gobierno intentó desde la primera movilización, dividir a los trabajadores y presentar esas movilizaciones como actos vandálicos o violentos. Lamentablemente, la agresión de unos indocumentados al consejero ha hecho que el Gobierno utilice torticeramente ese lamentable hecho con la misma dirección de intentar debilizar la presión a la que se está viendo sometida. Lejos de conseguirlo, los trabajadores y trabajadoras seguirán movilizándose.

La agresión al consejero no tiene ninguna vinculación con las legítimas movilizaciones de los trabajadores de la Comunidad Autónoma. Seguiremos con las movilizaciones y con la exigencia de buscar alternativas al recorte de derechos laborales y sociales aprobados por la Asamblea Regional. También emprenderemos todo tipo de actuaciones jurídicas en la misma dirección.

Rotundamente, el presidente Valcárcel ha tenido otras opciones que ha debido utilizar, y él lo sabe, y nuestras organizaciones sindicales reiteradamente le han mostrado otras soluciones. Exigimos que se inicie de una vez por todas el proceso de negociación en el que estamos dispuestos a ilustrar aún más nuestras propuestas.

Nuestras organizaciones sindicales tienen una función constitucional encomendada tremendamente importante de defensa de los intereses y derechos de los trabajadores, y para dar cobertura a esta función constitucional las leyes en vigor conceden determinados créditos horarios a determinados trabajadores para representar a los demás. El número de personas que se dedican a esta función es fluctuante y, en todo caso, deriva del marco legal.

Con seguridad porque habríamos podido poner sobre la mesa alternativas que, generando el mismo impacto económico, no perjudicasen los detechos de los trabajadores, sus condiciones de trabajo ni hubieran deteriorado la prestación de servicios públicos esenciales.

Nosotros mantenemos por encima de determinadas licencias que alguno haya podido tener la unidad de acción sindical de todos los sindicatos presentes en la función pública. Desde Comisiones Obreras y UGT hemos planteado un espacio de negociación en el que estemos todos unidos en algo que perjudica a los empleados públicos y a toda la sociedad. La "visita" del presidente de CSI-CSIF es una acto de deslealtad que suponemos no se va a volver a producir.

Podría ser así, pero no obstante UGT y Comisiones Obreras venimos trabajando juntos, codo con codo, durante muchos años. Y esa alianza, que llamamos unidad de acción sindical, vamos a mantenerla también de cara al futuro.

En ningún caso, ni nosotros ni las organizaciones sindicales hemos tirado huevos a las hijas de nadie ni a los bienes ni a la propiedad de nadie. En todo caso, reprobamos cualquier acto de violencia, y también hemos demostrado sobradamente nuestra protesta persistente ante la reforma del mercado laboral y ante una eventual reforma regresiva del sistema de Seguridad Social.

Eso ya se ha planteado. Lo hizo el propio Gobierno y lo ratificó la Asamblea Regional, pero lamentablemente la eliminación de esos entes y fundaciones está yendo muy lentamente. Esperamos que el Gobierno haga en 2011 los deberes que no ha hecho en 2010.

Nos parece que si la Justicia no ha encontrado ningún indicio lo primero que se tiene que hacer es poner en libertad a este joven. El sistema judicial debería ser capaz de retornar las cosas a su sitio e intentar que el joven pueda seguir su vida con absoluta normalidad.